Histórico: Petro firma en Cereté la Ley que crea la Jurisdicción Agraria para proteger al campesino

Cereté, Córdoba  27 de marzo de 2026

En un acto cargado de simbolismo para el campo colombiano, el presidente Gustavo Petro sancionó este viernes la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. Desde Cereté, Córdoba, donde además se entregaron 3.600 hectáreas a familias damnificadas por el invierno, el mandatario aseguró que esta ley nace para «hacer la paz» y evitar que los conflictos de tierras se sigan resolviendo por la vía de la violencia.  «Queremos que cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento ni la sierra eléctrica el camino de la solución; que sean los jueces los que diriman el límite y la cerca«, enfatizó el Jefe de Estado durante su intervención.

La nueva norma busca que la justicia llegue a los territorios más apartados del país a través de:

  • Jueces Especializados: Se crearán juzgados y tribunales agrarios en todo el territorio nacional, priorizando zonas rurales y PDET.

  • Facilitadores Agrarios: Personal que orientará gratuitamente a los ciudadanos sobre cómo reclamar sus derechos o resolver pleitos de linderos.

  • Justicia con identidad: Los procesos de selección de jueces priorizarán a quienes conozcan la realidad técnica, étnica y de género del campo.

La implementación será gradual y estará coordinada por el Consejo Superior de la Judicatura. Los casos se dividirán según su naturaleza:

  1. Conflictos entre particulares: Serán resueltos por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema.

  2. Conflictos con el Estado: Estarán a cargo del Consejo de Estado.

Aunque la ley ya es una realidad, el Gobierno Nacional ahora se enfocará en garantizar los recursos para la infraestructura tecnológica y física de los nuevos despachos. Asimismo, el Congreso deberá dar trámite final a la ley ordinaria que definirá los procedimientos exactos y las competencias detalladas de cada juez.

Esta ley cumple con uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz de 2016, buscando que la propiedad rural tenga por fin una salvaguarda jurídica sólida y humana

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