El Gobierno nacional expresó su preocupación por la suspensión provisional del Decreto 0415 de 2026, decisión adoptada por el Consejo de Estado y que, según advirtió el Ejecutivo, podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y el pago de mesadas por parte de Colpensiones.
A través de un comunicado conjunto, los ministerios de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Seguridad Social, junto con Colpensiones, señalaron que la medida judicial impide el traslado de los recursos administrados por los fondos privados de pensiones hacia el Régimen de Prima Media, situación que compromete el financiamiento de las obligaciones pensionales.
El Decreto 0415 de 2026 establecía el traslado de los ahorros de trabajadores que decidieron acogerse al régimen público en el marco de la oportunidad excepcional contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la Reforma Pensional.
Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto este 11 de mayo, argumentando que la Ley 2381 de 2024 no se encuentra vigente debido a la suspensión decretada previamente por la Corte Constitucional.
En el comunicado, las entidades del Gobierno manifestaron su “profunda preocupación” frente a la decisión judicial, asegurando que esta genera un impacto grave sobre la estabilidad financiera y operativa del Sistema General de Pensiones.
Según explicaron, la suspensión impide que Colpensiones reciba los recursos correspondientes a los afiliados que voluntariamente decidieron trasladarse desde fondos privados al régimen público para consolidar su situación pensional.
“El sistema queda bloqueado”, advirtió el Gobierno, al señalar que la suspensión total del decreto dificulta el cumplimiento de las obligaciones pensionales mientras los recursos permanecen en las administradoras privadas.
El presidente Gustavo Petro también reaccionó frente a la decisión mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde afirmó que “el Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”.
Posteriormente, el mandatario insistió en que la decisión favorece intereses financieros y solicitó demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente del fallo.
El Ejecutivo recordó que, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, un afiliado no puede pertenecer simultáneamente a dos regímenes pensionales, razón por la cual considera inviable que Colpensiones asuma obligaciones pensionales sin contar con los recursos correspondientes para financiarlas.
“Por la suspensión en el traslado de recursos no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, mientras los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, señala el documento oficial.
