El Proyecto Autopista al Caribe, un contrato de Asociación Público Privada (APP) firmado el 6 de septiembre de 2021 y legalmente sustentado por las leyes colombianas, enfrenta serias dificultades para avanzar a la fase de construcción debido a la falta de cierre financiero. A pesar de haber cumplido todas sus obligaciones contractuales y condiciones precedentes, la imposibilidad de recaudar ingresos normales en las estaciones de peaje ha obstaculizado la obtención de recursos de la banca local e internacional.
Según Ernesto Carvajal, representante legal del proyecto, los recaudos han sido imposibles de lograr. Tal es el caso del peaje de Sabanagrande, cuya ubicación responde a criterios técnicos y normativos definidos en el contrato de concesión. Este peaje cuenta con tarifas diferenciales y esquemas de exención para ciertos usuarios, asegurando que la movilidad local no se vea afectada de manera desproporcionada. Además, el esquema tarifario es clave para financiar y mantener la infraestructura vial, garantizando que no se coarten derechos fundamentales como la libre movilidad, la salud y la educación. Estas ideas, según Carvajal, son mitos propagados por los organizadores del movimiento «No Más Peajes«.
El proyecto rechaza la propuesta de tarifa cero para las categorías 1 y 2 del peaje de Sabanagrande, ya que sin esos ingresos no sería posible garantizar la sostenibilidad del proyecto ni la calidad del servicio. Sin embargo, se han implementado medidas de alivio para la comunidad, como tarifas diferenciales para residentes y usuarios frecuentes, buscando un equilibrio entre la inversión y el beneficio social.
Asimismo, el proyecto cuenta con la totalidad de los estudios y diseños aprobados sin objeciones por parte de la interventoría, así como licencias ambientales otorgadas para las Unidades Funcionales 8 y 9. Además, se han gestionado permisos de intervención voluntaria en el 41% de la longitud requerida (7.3 km) para la UF 9.
En términos operativos, desde su funcionamiento, el proyecto ha prestado más de 17,000 servicios, incluyendo 1,877 servicios de grúa gancho, 1,556 servicios de carro taller, 851 servicios de ambulancia medicalizada, 3,276 servicios de grúa plancha y 991 inspecciones viales. En cuanto al mantenimiento rutinario en el departamento del Atlántico entre 2021 y 2025, se han realizado inversiones significativas en bacheo, sellado de fisuras, rocería, señalización horizontal y vertical, mantenimiento de puentes, reparación de cunetas y muros, además de limpieza de alcantarillas y box culvert.
A pesar de los esfuerzos por sostener más de 25 reuniones con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otros actores involucrados, las negociaciones no han progresado. De no encontrarse una solución en los próximos meses, los representantes del proyecto han indicado que procederán con una demanda de arbitraje internacional durante el primer semestre de 2025.
El llamado sigue siendo a la concertación y al diálogo, con el objetivo de garantizar el avance de esta obra clave para más de 253 kilómetros de infraestructura, destinada a beneficiar a miles de colombianos.
Informó: Ronald Polo Soto.
Fotos: Jorge Fontalvo.
