La Procuraduría condena el uso de minas antipersonal, un crimen de guerra que ha cobrado la vida de 62 personas en Colombia en lo que va del año. La última víctima, una niña de 9 años, perdió una pierna en un atentado en Caquetá.
Estos hechos, manifestó el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, “son violatorios del Derecho Internacional Humanitario- DIH- y refirman, una vez más, la falta de voluntad de paz de estas organizaciones ilegales”.
El 63% de las víctimas civiles de minas antipersonal son niños, niñas y adolescentes, lo que revela la vulnerabilidad de la población más joven ante estos artefactos explosivos.
El Ministerio Público exige al Gobierno acciones urgentes para proteger a la población civil, incluyendo la aceleración de las labores de desminado y la implementación de programas de educación en riesgo de minas. Asimismo, hace un llamado a los grupos armados ilegales a cesar el uso de estos dispositivos y a someterse a la justicia.»
