Ante el inicio de la Semana Mayor, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA, ha incrementado los operativos de control y sensibilización en terminales de transporte, mercados, plazas públicas y vías del Atlántico, con el propósito de combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, una práctica que aumenta durante esta temporada.
El equipo del Centro de Reacción Inmediata Ambiental (CRIA) de la Corporación, en articulación con la Policía Ambiental, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades del Departamento, está realizando operativos diarios con el fin de prevenir la comercialización de especies como la iguana (Iguana iguana), la hicotea (Trachemys callirostris) y el uso de la palma de cera.
En lo que va del año 2025, la CRA ha realizado la incautación de 13 individuos de la especie iguanas y 800 huevos, los cuales permitieron la judicialización de las personas capturadas. Estas cifras reflejan la continuidad del delito, pero también el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y prevención.
«Hacemos un llamado a los atlanticenses para que con conciencia ambiental vivan una Semana Santa en paz con la naturaleza. No hay justificación, ni amparo legal o ético que avale la extracción y comercialización de especies como la hicotea o la iguana. Estas reprochables prácticas contribuyen a la reducción de poblaciones naturales y al desequilibrio de los ecosistemas, afectando el patrimonio ambiental del país y los derechos colectivos de las generaciones presentes y futuras», manifestó Jesús León Insignares, Director de la CRA
La CRA le recuerda a la ciudadanía que la captura, transporte, comercialización y consumo de fauna y flora silvestre está prohibida por la ley colombiana y constituye una conducta sancionable penal y administrativamente, que configura un delito ambiental conforme al artículo 328 del Código Penal, modificado por la Ley 2111 de 2021.
Esta norma establece que quien capture, tenga, movilice, comercialice o consuma animales silvestres sin los permisos exigidos por la autoridad ambiental competente puede enfrentar penas de entre 60 y 135 meses de prisión, además de multas que pueden superar los 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la Ley 1333 de 2009 modificada por la ley 2387 de 2024, que regula el proceso sancionatorio ambiental, contempla multas de hasta 5.000 salarios mínimos y otras medidas como decomisos, clausuras o suspensión de actividades.
Por último, León Insignares dijo que: «Invitamos a todos los atlanticenses a abstenerse del consumo de estas especies. Debemos actuar con firmeza para erradicar esta práctica ilegal. El tráfico de fauna y flora no solo afecta nuestra biodiversidad, sino que también pone en peligro la salud pública».
Informó: Ronald Polo Soto.
