El presidente Gustavo Petro visitó un hogar donde las madres comunitarias realizan su labor en Buenaventura, allí se reunió con un grupo de ellas, escuchó sus inquietudes y reafirmó el compromiso que tiene con la protección e impulso de su actividad, que ocupa un lugar muy importante en la dinámica social de las comunidades vulnerables del país.
El Gobierno Nacional, a través de la Ley 2294 de 2023 y el posterior Decreto Reglamentario 2182 del mismo año, estableció el reconocimiento del subsidio permanente para la vejez de hasta un 95% del salario mínimo, reivindica los derechos de las madres comunitarias a tener una vejez digna y resarciendo los efectos de la explotación laboral, que vivieron desde 1987 hasta 2014. Esta Ley, también elimina la tercerización laboral ilegal de las madres comunitarias, formalizándolas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno, han establecido medidas para garantizar que nunca más una mujer vuelva a ser explotada laboral mente, como sucedió con las madres comunitarias. Estas acciones cumplen con la recomendación del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (PIDESC) a Colombia, en 1995, sobre la formalización de las madres comunitarias y garantizan sus derechos laborales.
En medio del cariño y el afecto que caracteriza a estas madres, se recordó que este Gobierno estableció el aumento del valor de las raciones alimentarias de las niñas y los niños, atendidos en los programas de primera infancia del ICBF, mejorando así la nutrición infantil. Además, se ordenó la entrega de dotación a los Hogares Comunitarios.
Estas acciones, impulsadas por el Gobierno del Cambio, buscan corregir injusticias históricas y establecer un precedente de justicia social y laboral en Colombia.
