Colombia lleva años gastando más reservas de petróleo y gas de las que encuentra, y eso —más que cualquier discurso— es lo que explica por qué Acipet decidió subirse a la tarima del Congreso de Petróleo, Gas y Energía a pedirle al Gobierno que reactive la exploración. Lo hizo el 22 de septiembre de 2026, primer día del evento, que se extiende hasta el 24 en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga.
La propuesta más contundente es la primera: volver a explorar, en tierra firme y costa afuera, y que los proyectos estratégicos de hidrocarburos entren a la categoría de Proyectos de Interés Nacional Estratégico, los famosos PINES, que en teoría agilizan trámites y le dan prioridad política a una obra. Martha Villarreal, presidenta de la junta directiva del gremio, lo resumió así: «Colombia necesita tomar decisiones hoy sobre la energía que requerirá mañana. La exploración permite ampliar el conocimiento del subsuelo, encontrar nuevas reservas y generar los recursos que el país necesita para financiar su desarrollo».
Es un argumento que no es nuevo —la industria lleva repitiéndolo desde que el país empezó a discutir en serio si seguir o no firmando nuevos contratos de exploración—, pero esta vez llega acompañado de un respaldo que sí llama la atención: el de la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos.
La segunda petición de Acipet no habla de abrir nuevas fronteras sino de administrar mejor lo que Colombia ya tiene. El gremio plantea un «plan de choque» para meterle tecnología de recobro mejorado a los campos maduros —esos que llevan décadas produciendo y que, con las herramientas correctas, todavía pueden dar más petróleo sin necesidad de perforar en sitios nuevos.
Ahí mismo, casi de pasada, Acipet pide que se evalúe «de manera técnica y responsable» el potencial de los yacimientos no convencionales, aclarando que depende de la geología de cada zona y de garantizar la protección de los ecosistemas. Dicho así, en una frase, suena razonable; en la práctica, es la discusión que ha dividido gobiernos, comunidades y hasta a los propios partidos políticos durante años. El comunicado no entra en ese debate —tampoco lo intenta— y eso, más que un detalle menor, es lo que hace falta preguntarle después a quien tenga que decidir.
La propuesta final de Acipet es, en el fondo, la más política de las tres: que la transición hacia energías más limpias sea «gradual y financieramente sostenible», y que sean las regalías, los impuestos y las inversiones del propio sector de hidrocarburos los que terminen pagando proyectos de hidrógeno, geotermia y conectividad regional. Es una forma de decir que el petróleo debería financiar su propio reemplazo, al menos durante un buen tiempo.
Lo interesante del día no fue solo lo que dijo el gremio, sino que el Gobierno —representado en el evento por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero Fernández de Castro— salió a decir prácticamente lo mismo. «Necesitamos recuperar la actividad exploratoria a la que renunciamos. La producción que hoy sostiene al país es producto de decisiones e inversiones hechas años atrás, muchas del siglo pasado. Sin exploración hoy no tendremos reservas que necesitaremos mañana», afirmó Forero.
El funcionario adelantó que la ANH trabaja en tres frentes, entre ellos fortalecer el conocimiento del subsuelo y reactivar la asignación de áreas para exploración, aunque fue cuidadoso de no prometer un plan cerrado: «Se debe reactivar la promoción de asignación de áreas. Nuestra respuesta no será improvisar. Estamos construyendo una estrategia que permita responder a cada oportunidad», dijo, en una frase que suena más a que el plan todavía está en construcción que a que ya existe.
Felipe Bayón, CEO de GeoPark y presidente de este XXIII Congreso, fue el que puso el marco político más amplio: «La soberanía energética tiene que ver con tomar el control de nuestro destino. Agradezco las señales que desde el Gobierno Nacional nos están dando porque tenemos que recuperar y hacer crecer al sector». Bayón también señaló que el país tiene alto potencial en yacimientos no convencionales, sobre todo en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería —esta última con presencia en territorio de la Costa Caribe.
Todo esto, hay que decirlo, sigue siendo una conversación de intenciones. Ni el comunicado de Acipet ni las declaraciones de la ANH incluyen cronogramas, montos de inversión ni una hoja de ruta formal para elevar proyectos a PINES o para reactivar rondas de asignación de áreas. Tampoco hay, hasta el momento, una postura pública de organizaciones ambientales o comunidades de las zonas donde se discutiría el fracking, que suelen ser parte obligada de esta conversación en Colombia. El Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía sigue hasta el 24 de septiembre en Bucaramanga, y es ahí donde probablemente se sepa si estas propuestas pasan de ser un comunicado de prensa a convertirse en política pública.
Informó: Ronald Polo Soto
Enviado especial.
