Bogotá, D.C., 8 de abril de 2026 (@mincultura) – En una jornada marcada por el consenso político, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el Proyecto de Ley 625 de 2025, iniciativa que busca actualizar el marco jurídico del sector tras 28 años de vigencia de la Ley 397 de 1997. Con este respaldo, el proyecto —denominado «La Ley que nos une»— pasará a su tercer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República.
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, destacó la importancia de haber escuchado técnicamente todas las proposiciones, incluidas las de los sectores de oposición, para lograr un texto que represente las necesidades reales del sector y no solo una apuesta gubernamental.
“Se ha logrado un consenso… le hemos apostado a escuchar técnicamente todas las proposiciones y lograr hoy una apuesta del sector cultura. Gracias a un sector que está dispuesto a resolver los problemas en la escena”, afirmó la ministra Kadamani.
Una construcción colectiva
Esta reforma no nació en un escritorio; es el resultado de una construcción masiva en la que participaron más de 7,000 personas. A través de 85 mesas de diálogo y 17 encuentros regionales, se recogieron las demandas de colectivos, comunidades y agentes culturales de todo el territorio nacional.
Los cuatro ejes del cambio
El proyecto de fortalecimiento se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales diseñados para robustecer el Sistema Nacional de Cultura:
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Dignificación del sector: Busca reconocer y valorar a los artistas, creadores y portadores de saberes como protagonistas del desarrollo, promoviendo condiciones justas para su oficio.
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Gobernanza y participación: Fortalece la voz de los agentes culturales en la toma de decisiones para un sistema más democrático y articulado en las regiones.
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Fortalecimiento intersectorial: Integra la cultura con la educación, el turismo, la ciencia y la tecnología para potenciar su impacto social y económico.
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Financiación y estímulos: Protege y aumenta los recursos destinados al sector, simplificando el acceso a fondos y creando incentivos para la sostenibilidad e innovación.
La iniciativa es enfática en aclarar que no afectará ninguno de los beneficios establecidos en la legislación actual, sino que busca actualizar las herramientas jurídicas para que respondan a la diversidad cultural y las expresiones emergentes del siglo XXI.
